Las críticas que se suelen hacer sobre la utilización del Código de Faltas (CF) en Córdoba tienen que ver con la arbitrariedad de la Policía para detener a jóvenes sólo por “portación de rostro”, con el exceso de detenciones sólo para “sumar”, y con el maltrato a los detenidos .
Para tratar de sostener esos argumentos con cifras, un grupo de investigadores universitarios realizó un relevamiento en nueve barrios de la ciudad de Córdoba a jóvenes de 18 a 25 años, que revela que casi cuatro (38%) de cada 10 fueron detenidos alguna vez por una contravención al CF. De ellos, 67,1% pertenece al nivel de ingreso “bajo”, en contraste con el 22,5% del nivel “alto” .
Vale recordar que, según fuentes de la misma Policía de Córdoba, sólo el año pasado se realizaron casi 43 mil detenciones en la ciudad de Córdoba por este motivo.
El resto de las cifras intenta mostrar que la selectividad es una constante a la hora de detener a estos chicos, y que la misma se prolonga durante la detención: mientras que alguien de ingreso “alto” está preso hasta un máximo de dos días, en el nivel “bajo” pueden ser hasta 180 días, según el estudio.
Quiénes. El relevamiento fue realizado por el “Espacio de resistencia al Código de Faltas”, en el marco de un proyecto de cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja (España). En el equipo también participan especialistas de la Universidad Católica de Córdoba.
La encuesta –realizada de febrero a julio de este año– abarcó a 527 jóvenes encontrados en la vía pública, distribuidos en nueve barrios de diferentes niveles de ingresos (Cerro de Las Rosas, Maipú, Suárez, Urca, Parque Vélez Sársfield, Villa Libertador, General Paz, Los Naranjos y Renacimiento).
Del total de encuestados, 78% dijo haber sido demorado en la vía pública por parte de la Policía, sin razón aparente. En el caso de chicos del nivel de ingresos “bajo”, fueron el 95,8%.
De los detenidos por CF, 70,5% lo fue por la aplicación de las figuras de “merodeo”, “negativa a identificarse” o “posesión de llaves adulteradas o ganzúas”, lo que lleva a los autores del estudio a afirmar que “la aplicación de estas figuras depende de una decisión discrecional de la Policía, que siempre será arbitraria desde que las normas analizadas no contienen criterios determinados para la selección”. Agregan que en especial el “merodeo se caracteriza por la vaguedad extrema de la conducta descripta”.
Con el mismo razonamiento, se muestra cómo en el caso de barrios de nivel socioeconómico alto y medio, se apela a otras figuras como “consumo de alcohol en la vía pública” (68,2% en el nivel de ingreso “alto”), lo que incorporaría un criterio preocupante de selección.
De dónde sos. Otro indicador llama la atención: la principal pregunta que realiza la Policía a los jóvenes antes de detenerlos es a qué barrio pertenecían (34,6%).
El resto de las preguntas que recuerdan –sobre datos personales, si estaban tomando/fumando/con droga, qué hacían y hacia dónde iban, si trabajan o estudian– “se dirigen a determinar el grado de vulnerabilidad del joven”, dice el estudio.
Es importante resaltar que en el 11,7% de los casos, los jóvenes dicen que los policías no preguntaron nada antes de la detención, sin muchas variaciones en los niveles de ingresos.
En cuanto a los lugares en los que se detuvo a los jóvenes por alguna de las tres principales figuras del CF, la mayor proporción (44,4%) corresponde a “mi barrio”.
Por eso los investigadores señalan que “los cinturones de seguridad que crea la Policía” con este control “está mutando” (se creía que la mayoría de las detenciones eran en el centro), y que “va encerrando cada vez más a los jóvenes en su barrio”.
Incomunicados. Del total de los detenidos por estas tres figuras, 62,5% dijo haber sufrido maltratos físicos o de otro tipo durante la detención. Pero es notable la diferencia entre el nivel de ingreso “alto” (35%), respecto del “bajo”, con 68,4%.
“Esto muestra que el trato discriminatorio se extiende en la comisaría”, dice el informe. Refuerzan esta idea al señalar que el máximo período de detención es de 180 días en el caso de los barrios más pobres, de 60 días en los sectores medios, y de dos jornadas entre los de ingresos altos.
Y afirman que la pena máxima para las tres figuras mencionadas es de 30 días, por lo que la situación excedería lo legalmente autorizado por el mismo CF. Aquí se repite la misma proporción entre los distintos niveles, en relación al tiempo de incomunicación.
El estudio concluye que los jóvenes que están detenidos “no sólo pierden su libertad y sus derechos”, sino también “trabajos, se atrasan en sus estudios y no pueden llevar adelante sus planes de vida”.
Las cifras serán un sostén novedoso para legisladores de la oposición, ONG, entidades de derechos humanos y colectivos sociales que piden la reforma del CF.
El equipo
Dirección. Los responsables de la investigación fueron Virginia Bolatti (UCC), y Romina F. Rekers, Sergio Job, Ramiro Moyano y Santiago T. Borgogno, todos de la UNC.
En Internet. http://resistiendoalcodigodefaltas.blogspot.com.ar
Para tratar de sostener esos argumentos con cifras, un grupo de investigadores universitarios realizó un relevamiento en nueve barrios de la ciudad de Córdoba a jóvenes de 18 a 25 años, que revela que casi cuatro (38%) de cada 10 fueron detenidos alguna vez por una contravención al CF. De ellos, 67,1% pertenece al nivel de ingreso “bajo”, en contraste con el 22,5% del nivel “alto” .
Vale recordar que, según fuentes de la misma Policía de Córdoba, sólo el año pasado se realizaron casi 43 mil detenciones en la ciudad de Córdoba por este motivo.
Quiénes. El relevamiento fue realizado por el “Espacio de resistencia al Código de Faltas”, en el marco de un proyecto de cooperación internacional entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de la Rioja (España). En el equipo también participan especialistas de la Universidad Católica de Córdoba.
La encuesta –realizada de febrero a julio de este año– abarcó a 527 jóvenes encontrados en la vía pública, distribuidos en nueve barrios de diferentes niveles de ingresos (Cerro de Las Rosas, Maipú, Suárez, Urca, Parque Vélez Sársfield, Villa Libertador, General Paz, Los Naranjos y Renacimiento).
Del total de encuestados, 78% dijo haber sido demorado en la vía pública por parte de la Policía, sin razón aparente. En el caso de chicos del nivel de ingresos “bajo”, fueron el 95,8%.
De los detenidos por CF, 70,5% lo fue por la aplicación de las figuras de “merodeo”, “negativa a identificarse” o “posesión de llaves adulteradas o ganzúas”, lo que lleva a los autores del estudio a afirmar que “la aplicación de estas figuras depende de una decisión discrecional de la Policía, que siempre será arbitraria desde que las normas analizadas no contienen criterios determinados para la selección”. Agregan que en especial el “merodeo se caracteriza por la vaguedad extrema de la conducta descripta”.
Con el mismo razonamiento, se muestra cómo en el caso de barrios de nivel socioeconómico alto y medio, se apela a otras figuras como “consumo de alcohol en la vía pública” (68,2% en el nivel de ingreso “alto”), lo que incorporaría un criterio preocupante de selección.
De dónde sos. Otro indicador llama la atención: la principal pregunta que realiza la Policía a los jóvenes antes de detenerlos es a qué barrio pertenecían (34,6%).
El resto de las preguntas que recuerdan –sobre datos personales, si estaban tomando/fumando/con droga, qué hacían y hacia dónde iban, si trabajan o estudian– “se dirigen a determinar el grado de vulnerabilidad del joven”, dice el estudio.
Es importante resaltar que en el 11,7% de los casos, los jóvenes dicen que los policías no preguntaron nada antes de la detención, sin muchas variaciones en los niveles de ingresos.
En cuanto a los lugares en los que se detuvo a los jóvenes por alguna de las tres principales figuras del CF, la mayor proporción (44,4%) corresponde a “mi barrio”.
Por eso los investigadores señalan que “los cinturones de seguridad que crea la Policía” con este control “está mutando” (se creía que la mayoría de las detenciones eran en el centro), y que “va encerrando cada vez más a los jóvenes en su barrio”.
Incomunicados. Del total de los detenidos por estas tres figuras, 62,5% dijo haber sufrido maltratos físicos o de otro tipo durante la detención. Pero es notable la diferencia entre el nivel de ingreso “alto” (35%), respecto del “bajo”, con 68,4%.
“Esto muestra que el trato discriminatorio se extiende en la comisaría”, dice el informe. Refuerzan esta idea al señalar que el máximo período de detención es de 180 días en el caso de los barrios más pobres, de 60 días en los sectores medios, y de dos jornadas entre los de ingresos altos.
Y afirman que la pena máxima para las tres figuras mencionadas es de 30 días, por lo que la situación excedería lo legalmente autorizado por el mismo CF. Aquí se repite la misma proporción entre los distintos niveles, en relación al tiempo de incomunicación.
El estudio concluye que los jóvenes que están detenidos “no sólo pierden su libertad y sus derechos”, sino también “trabajos, se atrasan en sus estudios y no pueden llevar adelante sus planes de vida”.
Las cifras serán un sostén novedoso para legisladores de la oposición, ONG, entidades de derechos humanos y colectivos sociales que piden la reforma del CF.
El equipo
Dirección. Los responsables de la investigación fueron Virginia Bolatti (UCC), y Romina F. Rekers, Sergio Job, Ramiro Moyano y Santiago T. Borgogno, todos de la UNC.
En Internet. http://resistiendoalcodigodefaltas.blogspot.com.ar
